Redexis, Repsol, Reolum, Exolum, Axpo Iberia y Moeve pusieron sobre la mesa del IV Foro de Transición Energética los motivos por los que tanto los combustibles renovables como el hidrógeno no terminan de arrancar.
Falta de certidumbre regulatoria: Los inversores y las empresas necesitan normas estables, rápidas y claras (como la transposición definitiva de normativas europeas). Sin esta seguridad, las empresas retrasan la decisión final de inversión necesaria para construir las plantas de producción.
Ausencia de contratos a largo plazo: Para que un proyecto de producción logre financiación, se requiere que los clientes asuman compromisos de compra de suministro a unos 10 años vista. Muchos consumidores aún no están acostumbrados a trabajar con estos plazos lo que sopone un lastre a la hora de encontrar financiación.
Una fiscalidad que les penaliza: El sector exige una «fiscalidad neutral». Actualmente, las métricas a menudo solo penalizan lo que sale por el «tubo de escape» del vehículo, sin tener en cuenta el ciclo completo. Piden que los combustibles renovables tengan el mismo trato fiscal y regulatorio que la electricidad.
Cadena de residuos inmadura: Aunque existe suficiente materia prima (residuos orgánicos) para producir estos combustibles, falta consolidar de manera industrial y eficiente toda la logística de recogida y gestión de estos desechos.
Dispersión tecnológica en sectores clave: En áreas como el transporte marítimo, el mercado está disperso probando múltiples alternativas a la vez (metanol, amoníaco, bioGLP). Esto genera dudas e impide estandarizar infraestructuras a corto plazo.
En momentos como este, con la crisis más grave de suministros, los combustibles renovables podrían ganar competitividad y autonomía estratégica. Son el complemento necesario de la electrificación. El transporte es el primer emisor de gases de efecto invernadero y ramas como el transporte profesional pesado o el marítimo no tienen opción de electrificarse por completo. Pero no está siendo así.
Para la industria, la directiva RED III es un buen marco de intenciones, aunque insuficiente. Si bien, obliga a consumir combustibles renovables, no asegura la financiación. Sí establece qué porcentaje de energía debe ser verde, pero no regula los impuestos, ni puede hacer frente al limbo administrativo. Una directiva europea requiere transposición a las leyes nacionales de cada país. Mientras la regulación definitiva no entra en vigor con sus reglamentos técnicos terminados, los inversores paralizan el capital. Por último, estarían las exigencias de trazabilidad y certificación de residuos que la directiva RED III impone a los productores europeos y que no sirven de nada cuando se permite importar biocombustibles o moléculas verdes de terceros países sin exigirles exactamente el mismo rigor, lo que genera competencia desleal.
El escenario actual pasa por dar un empujón a la industria de recogida y gestión de residuos orgánicos, centrar esfuerzos en desarrollar tecnológicamente los procesos de producción y contar con estabilidad regulatoria daría certidumbre a la industria.
